Argentina y el desafío de la inclusión real: claves legales para las personas con discapacidad
En diálogo con Fanny Fernández y Belén Picardo por Provincia Multimedio, el abogado especialista en derecho de salud y discapacidad, Augusto De Diego, analizó el marco normativo vigente en Argentina y los desafíos sociales que aún persisten. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, remarcó la importancia de la aceptación familiar, el acceso al Certificado Único de Discapacidad y el rol del Estado en garantizar derechos esenciales.
La entrevista se centró en la legislación nacional que ampara a las personas con discapacidad, especialmente la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas. De Diego señaló que la normativa es “bastante clara y efectiva”, pero advirtió que el primer obstáculo suele surgir en el entorno inmediato: “La primera barrera es la negación del diagnóstico”. Según el abogado, esa falta de aceptación impide iniciar los trámites para el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y, en consecuencia, acceder a los derechos garantizados por la ley.
Durante la conversación, el especialista explicó que, además de la Ley 24.901, existe un marco más amplio conformado por tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional mediante el artículo 75 inciso 22. “Hay todo un conglomerado de normas que tutelan a las personas con discapacidad”, afirmó, recordando que estos instrumentos también protegen a niños, adolescentes, adultos mayores y pacientes electrodependientes.
Consultado por los pasos que deben seguir quienes tienen dificultades para acceder a prestaciones o cobertura, De Diego detalló que lo primero es contar con un diagnóstico médico y tramitar el CUD. En casos de negativa de cobertura, indicó que corresponde iniciar reclamos administrativos o judiciales. “Si la persona ya tiene certificado y se le niega una prestación incluida en la ley, puede iniciar un amparo de salud”, sostuvo. También recordó que el Estado —nacional o provincial— es garante de derechos cuando no se posee obra social.
Sobre la inclusión escolar y social, el abogado reconoció avances, pero planteó que aún queda camino por recorrer: “Es una cuestión que recién está iniciando”. Explicó que muchas veces se exige inclusión “irrestricta”, pero advirtió que no todos los diagnósticos permiten un régimen escolar estándar sin ajustes significativos. “Hay que ver si la persona está en condiciones de sostener una carga horaria o una modalidad escolar determinada”, apuntó, al destacar la importancia de ajustar expectativas sin perder de vista los derechos.
Hacia el cierre, De Diego sostuvo que los derechos de las personas con discapacidad abarcan dimensiones sociales, económicas y prestacionales, desde la inclusión laboral hasta la cobertura integral de tratamientos. Señaló que el sistema enfrenta desafíos cíclicos, especialmente para los prestadores durante los meses sin actividad escolar, pero confió en que el fortalecimiento normativo y la discusión pública permitirán seguir avanzando. La entrevista subrayó la necesidad de sostener la conversación social para que la inclusión deje de ser un ideal y se convierta en una práctica cotidiana.
