Reforma laboral: cuáles son los principales cambios del nuevo proyecto
Luego de una serie de negociaciones con distintos sectores políticos, sindicales y empresariales, el Gobierno nacional definió la versión final del proyecto de reforma laboral que será debatido en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. La iniciativa llega al recinto con 28 modificaciones clave respecto al texto original y el oficialismo confía en obtener la media sanción para avanzar luego en la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate más complejo.
Según trascendió, el proyecto incorpora cambios que buscan equilibrar intereses entre empresas, gremios y el Estado. Entre las principales definiciones, se eliminó la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas y se mantuvo el esquema actual de cargas patronales destinadas a obras sociales. Además, se confirmó la bancarización obligatoria del pago de salarios, descartando el uso de billeteras virtuales.
En materia sindical, la reforma establece que el aporte solidario a los gremios se mantendrá durante dos años con un tope del 2%, y que las empresas seguirán actuando como agentes de retención de cuotas sindicales. También se fijaron nuevos límites para aportes a cámaras empresariales y asociaciones de trabajadores, y se dispuso que, a partir de 2028, el pago de contribuciones sindicales requerirá consentimiento individual expreso.
Otro de los puntos relevantes del proyecto incluye cambios en el régimen judicial laboral. Se habilita el pago en cuotas de sentencias contra empleadores, con plazos diferenciados según el tamaño de la empresa, y se incorporan nuevas exigencias de documentación para beneficios laborales, como programas de capacitación o gastos de sepelio vinculados al trabajador.
Asimismo, la iniciativa amplía la definición de servicios esenciales, incorporando áreas como el cuidado de menores, la educación en niveles iniciales y secundarios, el transporte de caudales y los servicios privados de seguridad. En este marco, se establece que las fuerzas de seguridad deberán garantizar una cobertura mínima del 100% de su prestación habitual.
El proyecto también introduce cambios en el financiamiento de algunos organismos y contribuciones obligatorias, además de fijar nuevos porcentajes de aportes empresariales con posibilidad de ajustes por parte del Poder Ejecutivo con aval legislativo. Con este paquete de modificaciones, el Gobierno busca avanzar en una reforma que considera estratégica dentro de su agenda económica y laboral para este año.
