Zigarán: “No se puede flexibilizar la protección de los glaciares”

La diputada nacional por Jujuy, María Inés Zigarán, se refirió al debate en torno a la Ley de Glaciares y advirtió sobre posibles consecuencias negativas en materia ambiental y jurídica. En diálogo con Provincia Multimedios, la legisladora expresó su preocupación por el tratamiento del proyecto y cuestionó el modo en que se está desarrollando la audiencia pública.

En ese sentido, señaló que la instancia de participación presenta irregularidades, ya que una gran cantidad de personas interesadas quedó fuera del proceso. Según indicó, más de mil inscriptos manifestaron su intención de participar, pero solo un porcentaje mínimo podrá exponer, lo que —a su entender— limita el carácter democrático de la discusión.

Zigarán explicó que la iniciativa genera controversia porque podría habilitar a las provincias a flexibilizar la protección de los glaciares y ambientes periglaciares. Esto, sostuvo, afectaría el principio de tutela ambiental establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza estándares mínimos de protección en todo el país.

Además, remarcó que los glaciares cumplen un rol fundamental como reservas estratégicas de agua dulce y como reguladores de cuencas hidrográficas. En ese marco, advirtió que cualquier modificación normativa podría impactar no solo a una provincia, sino a regiones enteras, debido a que los recursos hídricos no reconocen límites jurisdiccionales.

La diputada también planteó que, lejos de brindar seguridad jurídica al sector minero, el proyecto podría derivar en una “catarata de judicialización”, generando conflictos a futuro. En ese sentido, consideró que no se trata de una buena ley ni siquiera para la propia actividad minera, ya que introduciría incertidumbre en lugar de reglas claras.

Finalmente, Zigarán defendió el desarrollo de la minería dentro de un marco de sustentabilidad, destacando el caso de Jujuy como una provincia que impulsa la actividad respetando las normativas ambientales vigentes. “El crecimiento productivo no puede darse a costa de retroceder en derechos ambientales”, concluyó.