Mendoza: Media sanción para la ley que busca responsabilizar a los padres por casos de bullying
“El estado necesita herramientas para garantizar que los adultos se comprometan ante el padecer de un niño, niña o adolescente”. Así lo manifestó Adriana Cano, senadora mendocina, en el diálogo con Provincia Multimedios.
La legisladora sostuvo que el origen de la iniciativa fue “la falta de participación de algunas familias aun cuando las escuelas activaron el protocolo correspondiente”.
Cano remarcó que el bullying, se ha convertido en una problemática social de gravedad creciente y con consecuencias emocionales, psicológicas y físicas. Recordó que no se trata solo de un fenómeno escolar, aunque la escuela sea el ámbito donde más claramente puede detectarse. Por eso, la propuesta se diseñó para complementar el protocolo de actuación vigente, incorporando una figura contravencional que obligue a padres y madres a participar de reuniones, talleres y terapias indicadas por la institución educativa.
Uno de los aspectos valorados del proyecto fue el consenso político con el que avanzó. La senadora explicó que la iniciativa original fue modificada y perfeccionada en el Senado, gracias a aportes de todos los bloques. Se realizaron reuniones con padres afectados, docentes y directivos, buscando escuchar la mayor cantidad de voces representativas. Cano destacó que, en un momento en el que la política suele ser cuestionada, este acuerdo demuestra que cuando la problemática involucra a la sociedad entera, el diálogo es posible.
Durante la entrevista, la legisladora recordó un episodio que marcó profundamente a la provincia: el caso de una estudiante de 13 años que ingresó armada a una escuela ubicada en el límite con San Luis y permaneció atrincherada durante más de seis horas. Según detalló, “la comunidad educativa tardó más de dos semanas en recuperar la estabilidad emocional”.
Para Cano, situaciones como esta muestran que el país enfrenta un desafío urgente en materia de convivencia escolar y que es necesario reforzar los factores protectores para prevenir futuros episodios.
En relación con las sanciones, la senadora aclaró que no se penaliza a los padres por el acto de bullying cometido por un menor, sino por la omisión de la responsabilidad parental, es decir, por no asistir a citaciones escolares, talleres obligatorios o terapias recomendadas. La contravención contempla entre cinco y cincuenta días de trabajo comunitario y multas de entre 500 y 5.000 unidades fijas, equivalentes hoy a entre 30.000 y 300.000 pesos. La aplicación de estas sanciones dependerá de un juez contravencional y solo procederá cuando se demuestre el incumplimiento.
Finalmente, Cano afirmó que la media sanción fue bien recibida por la ciudadanía mendocina, que expresó su apoyo tras la votación. Señaló que el objetivo central es proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, garantizando entornos seguros y armónicos para toda la comunidad educativa. Para la senadora, comprometer a las familias y fortalecer el rol del Estado es indispensable para enfrentar una problemática que atraviesa a todo el país.
