A ocho años de la tragedia del ARA San Juan, confirmaron la fecha de inicio del juicio oral
Ocho años pasaron desde que el submarino ARA San Juan zarpó de Ushuaia rumbo a Mar del Plata con 44 tripulantes a bordo, entre ellos el santiagueño David Melián, oriundo del paraje San Andrés, en el departamento Jiménez. Una semana después, el 15 de noviembre de 2017, la Armada registraba el último contacto con la nave en medio de un fuerte temporal en el Atlántico Sur. Desde entonces, el país entero quedó paralizado por una búsqueda angustiante que combinó esperanza, incertidumbre y dolor.
La operación de búsqueda se extendió durante meses y se convirtió en una de las más complejas de la historia naval argentina, con la participación de más de una decena de países. Recién el 17 de noviembre de 2018 se confirmó el hallazgo del submarino a casi 1000 metros de profundidad, a 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia y fuera de la Zona Económica Exclusiva.
Días atrás, trascendió una novedad clave en el plano judicial: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido para trasladar el juicio a Mar del Plata y ratificó que el proceso se desarrollará en la provincia de Santa Cruz. La solicitud había sido presentada por la querella de Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes.
El juicio oral comenzará el 3 de marzo de 2026. Antes de esa fecha, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia convocó a una audiencia preliminar para el 4 de diciembre, donde se definirán las pruebas centrales del proceso.
Una búsqueda atravesada por irregularidades
Desde el primer momento, la desaparición del ARA San Juan estuvo rodeada de contradicciones, demoras e información confusa. El caso recién trascendió a la prensa la noche del 16 de noviembre de 2017 y fue comunicado oficialmente dos días después, cuando la Armada anunció la activación del protocolo de búsqueda y rescate.
Poco después, el Gobierno de Mauricio Macri aceptó ayuda internacional, lo que permitió la intervención de 18 países y la movilización de más de 37 naves y aeronaves, además de alrededor de 4000 personas. Se trabajó sobre un área de búsqueda equivalente al territorio de España, mientras la posibilidad de encontrar sobrevivientes se desvanecía.
El 23 de noviembre, la Armada confirmó la detección de un “evento anómalo singular corto y violento”, compatible con una implosión, registrado el mismo día de la desaparición. Aunque oficialmente no se habló de víctimas fatales en ese momento, los familiares salieron de la reunión informativa convencidos de que los 44 marinos habían muerto. El 30 de noviembre el Gobierno dio por terminada la búsqueda de sobrevivientes.
Las familias denunciaron el mal estado del submarino, fallas en su mantenimiento, ocultamiento de información y abandono en la etapa de rescate. El 18 de julio de 2019, la Comisión Bicameral Investigadora concluyó que hubo responsabilidad política y administrativa del gobierno de Macri, principalmente del entonces ministro de Defensa, Óscar Aguad. La minoría oficialista, sin embargo, rechazó esa interpretación.
