El MPA y la Corte Suprema de Justicia firmaron dos convenios de cooperación institucional
El Ministerio Público de la Acusación y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Jujuy firmaron dos convenios de cooperación institucional destinados a fortalecer el sistema de justicia, optimizar la investigación penal y garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
El acto contó con la presencia del Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Alejandro Atilio Bossatti, y del Vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Gabriel Miranda, junto a autoridades y funcionarios de ambas instituciones.
El primer acuerdo establece un mecanismo de cooperación para la toma de declaraciones mediante el dispositivo de Cámara Gesell, destinado a víctimas o testigos menores de edad y personas con capacidad restringida. El convenio tiene como objetivo principal evitar la revictimización, asegurar un abordaje especializado y garantizar el ejercicio del derecho de defensa, conforme a lo dispuesto por el Código Procesal Penal y los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El segundo convenio regula el uso, colaboración y cooperación técnica institucional de los elementos tecnológicos destinados a la extracción y análisis de datos e información digital, en el marco del sistema procesal acusatorio adversarial. El acuerdo reafirma que la función investigativa recae exclusivamente en el Ministerio Público de la Acusación y establece pautas claras para la priorización de requerimientos, plazos de ejecución, custodia de la evidencia digital y coordinación técnica entre ambas instituciones.
Asimismo, se acordó el comodato de estaciones de trabajo forense de alto rendimiento, la permanencia física de los equipos en dependencias del Ministerio Público de la Acusación por razones de seguridad y custodia, y la implementación de un protocolo operativo que garantice la integridad de la evidencia, la celeridad de los procesos y el respeto de las garantías constitucionales.
Ambos convenios refuerzan el trabajo articulado entre el Ministerio Público de la Acusación y la Suprema Corte de Justicia, incorporando tecnología, especialización y criterios de actuación comunes para una justicia más eficiente, moderna y centrada en la protección de derechos.
