Amenazas de tiroteo en escuelas: la Policía advierte sobre graves consecuencias penales
El Ministerio Público de la Acusación informó que se encuentran en curso diversas investigaciones tras la aparición de mensajes con contenido amenazante en establecimientos educativos de distintas localidades de la provincia, entre ellas Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y San Salvador de Jujuy. Las expresiones detectadas hacían referencia a presuntos tiroteos en fechas determinadas, lo que generó preocupación en la comunidad educativa y motivó la inmediata activación de protocolos de seguridad.
En algunos de los casos, estos mensajes estarían vinculados a contenidos difundidos a través de redes sociales, lo que amplía las líneas investigativas y obliga a profundizar el análisis digital para identificar a los responsables. Frente a esta situación, se dispuso la implementación de medidas preventivas en cada institución, con presencia policial y el acompañamiento de equipos de los ministerios de Seguridad y Educación, priorizando tanto el desarrollo de la investigación como el resguardo de estudiantes, docentes y personal escolar.
En este marco, la Policía de la Provincia de Jujuy difundió un comunicado oficial —a través de un flyer informativo— en el que remarca con firmeza las consecuencias legales de este tipo de conductas. Allí se advierte que cualquier acción de amenaza, intimidación o incitación a la violencia dentro de instituciones educativas constituye un hecho grave que será abordado conforme al Código Penal de la Nación y al Código Procesal Provincial. Además, se aclara que estas situaciones pueden derivar en medidas restrictivas, aprehensiones según la gravedad del caso y responsabilidades civiles para padres o tutores por los daños ocasionados por menores a su cargo.
El comunicado también hace especial hincapié en que las falsas amenazas —aunque sean realizadas en tono de broma o como parte de desafíos virales en redes sociales— no son hechos menores, ya que generan operativos de seguridad, movilización de recursos del Estado y alteración del orden público, por lo que también son penalmente sancionables. En ese sentido, se busca desalentar este tipo de prácticas y concientizar sobre el impacto real que pueden tener en la sociedad.
Finalmente, desde la fuerza policial se solicitó a madres, padres y tutores un rol activo en el control y acompañamiento de los jóvenes, así como también se instó a la comunidad en general a informar de inmediato cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencias 911. Bajo el lema “Prevenir es responsabilidad de todos”, el mensaje apunta a reforzar la importancia del compromiso colectivo para garantizar entornos educativos seguros y evitar situaciones que puedan escalar a conflictos mayores.
