Una aerolínea enfrenta un pedido de quiebra por una deuda superior a los $660 millones
FB Líneas Aéreas S.A., la empresa que opera bajo la marca Flybondi, enfrenta un nuevo frente judicial luego de que Hotel Presidente S.A. solicitara su quiebra por una deuda superior a los $660 millones, correspondiente a servicios hoteleros que, según la firma demandante, no fueron abonados.
El reclamo fue presentado por una deuda de $660.721.114,03, originada en 49 facturas emitidas entre diciembre de 2025 y junio de 2026. De acuerdo con la presentación, al 11 de junio de 2026 la aerolínea mantenía ese saldo pendiente por prestaciones brindadas durante los últimos meses.
La empresa hotelera sostuvo que las facturas se encontraban vencidas y que, pese a reiterados reclamos, Flybondi no regularizó la situación. Además, indicó que envió una carta documento para intimar a la compañía a cancelar la deuda en un plazo de 48 horas, sin obtener una respuesta favorable.
Con esos antecedentes, Hotel Presidente S.A. consideró configurado un estado de cesación de pagos y avanzó con el pedido de quiebra contra la aerolínea. Sin embargo, la Justicia Comercial no hizo lugar por el momento a la solicitud.
La causa tramita en el Juzgado Comercial N° 24, Secretaría N° 47, con intervención del juez Guillermo Pesaresi, quien resolvió rechazar inicialmente el planteo al considerar que la documentación presentada no reunía los requisitos técnicos necesarios para avanzar con el proceso.
Según la resolución, las facturas acompañadas no acreditaban de manera suficiente la prestación de los servicios reclamados ni cumplían con todos los datos exigidos para ser consideradas como título válido dentro del trámite. Por ese motivo, el magistrado ordenó que la empresa hotelera complete la información faltante.
En ese marco, Hotel Presidente S.A. deberá presentar documentación adicional y detallar los servicios que dieron origen a las facturas reclamadas. Recién después de esa nueva presentación, la Justicia podrá volver a analizar si existen elementos suficientes para avanzar con el pedido.
Por el momento, el planteo judicial no implica una quiebra decretada ni una definición sobre la situación patrimonial de Flybondi. Se trata de una solicitud iniciada por un acreedor, que quedó frenada en esta primera instancia por cuestiones formales y documentales.
El conflicto se conoce en medio de un escenario complejo para la aerolínea de bajo costo, que en los últimos meses acumuló cancelaciones, reclamos de pasajeros, deudas con proveedores y una fuerte reducción de su operación.
En enero, la Administración Nacional de Aviación Civil labró actas de infracción contra Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo. El organismo también informó que se habían registrado quejas de pasajeros por incumplimientos que podían derivar en sanciones adicionales.
A la situación judicial se suma el deterioro operativo de la compañía. Según datos publicados sobre el mercado aerocomercial, Flybondi pasó de tener alrededor del 25% de participación en vuelos de cabotaje en febrero a apenas el 6% en mayo, su nivel más bajo desde los primeros meses de actividad de la empresa.
En la misma línea, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la compañía registró una caída del 64% en la cantidad de vuelos operados y del 66% en el número de pasajeros transportados, en medio de una marcada reducción de su oferta.
También se conocieron otros reclamos económicos contra la empresa. Entre ellos, un pedido de embargo vinculado a una deuda de más de $122 millones con Tienda León, por traslados terrestres de pasajeros que no habrían sido abonados.
En cuanto a la flota, medios especializados señalaron que Flybondi habría desafectado el Boeing 737-800 NG matrícula LV-KHO, que permanecía desde hacía meses en talleres de mantenimiento en México. Según esas versiones, la empresa habría reducido su flota de 13 a 11 aeronaves, de las cuales solo 3 estarían operativas.
Hasta el momento, Flybondi no emitió un comunicado oficial sobre el pedido de quiebra presentado por Hotel Presidente S.A. ni sobre el estado de la deuda reclamada. Mientras tanto, la compañía queda nuevamente bajo la lupa judicial y operativa, en un contexto de creciente incertidumbre sobre su funcionamiento.
