La Provincia trabaja en la adecuación de los dispositivos ante la nueva Ley Penal Juvenil
En diálogo con Provincia Multimedios, la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano, Dra. Marta Iriarte, la Responsable del Programa Provincial “Adolescente en Conflicto con la Ley Penal Juvenil”, Lic. Nancy Alancay, y el Director Provincial de Dispositivos de Cuidado, Dr. Mario Vacaflor, detallaron las acciones que lleva adelante la provincia para garantizar la protección integral de los jóvenes ante el nuevo marco normativo.
Durante el encuentro, la Dra. Marta Iriarte remarcó la importancia de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sostuvo que el objetivo principal es brindar contención tanto a quienes cometan ilícitos como a quienes no, enfatizando el rol clave del entorno familiar y la sociedad para abordar las problemáticas de fondo que llevan a un menor a estar en conflicto con la ley.
Por su parte, el Dr. Mario Vacaflor detalló el funcionamiento de los espacios dedicados a la atención de vulneraciones de derechos e infraestructura. Explicó que la provincia cuenta con tres inmuebles adaptados para el contexto de encierro: un Centro de Admisión y Derivación como puerta de entrada al régimen penal juvenil, y dos centros socioeducativos ubicados en San Salvador y San Pedro para estadías más prolongadas.
Asimismo, la Lic. Nancy Alancay resaltó que el programa funciona desde 2007 y actualmente dispone de cinco dispositivos clave. Entre ellos destacan las medidas penales en territorio como alternativa a la privación de libertad y un nuevo dispositivo de acompañamiento preventivo para jóvenes desde los 14 años que han tenido vinculación con un delito pero no fueron imputados.
Los funcionarios coincidieron en que la privación de la libertad debe ser la última ratio aplicada por los jueces. Para evitar la reincidencia —que se mantiene en niveles mínimos gracias al acompañamiento territorial—, la secretaría capacita de manera continua a sus equipos profesionales y operadores convivenciales, abordando también problemáticas transversales como el consumo problemático de sustancias.
Finalmente, las autoridades destacaron el trabajo articulado con los ministerios de Seguridad, Educación y Salud, así como con el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esta labor conjunta permite coordinar protocolos unificados y adecuar las instalaciones para segmentar la atención por edades y género, asegurando el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales.
