El Garrahan recibirá casi $7 millones tras un acuerdo judicial
La Justicia homologó una reparación integral que pone fin a una causa penal contra un comerciante acusado de infringir la Ley de Marcas. El dinero será destinado en su totalidad a la Fundación Garrahan y también se donará la mercadería secuestrada.
El Hospital de Pediatría Garrahan recibirá casi siete millones de pesos luego de que la Justicia aprobara un acuerdo de reparación integral en una causa penal por la venta de indumentaria y accesorios de marcas falsificadas en el barrio porteño de Once.
El mecanismo permitió cerrar el proceso judicial a cambio de una compensación económica que será entregada de manera íntegra a la Fundación Garrahan.
La investigación se inició tras una serie de allanamientos en cuatro locales comerciales, donde se secuestraron prendas y bolsos apócrifos de primeras marcas. En total, se incautaron 753 prendas y 250 morrales, cuya falsedad fue confirmada mediante peritajes. Además, la mercadería será donada a una entidad de bien público como parte del acuerdo.
El caso comenzó en mayo de 2023, cuando personal de la Policía Federal detectó a un hombre descargando bolsas con sweaters de una reconocida marca en la esquina de Corrientes y Azcuénaga. Al ser identificado, presentó un remito emitido por una firma distinta a la marca exhibida, lo que dio origen a la investigación judicial.
En una primera instancia, la defensa del imputado ofreció una reparación de dos millones de pesos, suma que fue considerada insuficiente por la fiscalía a cargo de Ramiro González. El fiscal sostuvo que el monto no guardaba relación con los ingresos, bienes y vehículos del acusado, ni con el valor de la mercadería secuestrada.
Durante una audiencia ante el juez Sebastián Casanello, el comerciante mejoró su propuesta y ofreció pagar seis millones de pesos en tres cuotas, actualizadas por inflación. La fiscalía avaló el nuevo monto y exigió que el dinero se destinara a una entidad pública, proponiendo a la Fundación Garrahan como beneficiaria.
El juez consideró que el acuerdo cumplía con los criterios de legalidad y razonabilidad y resolvió homologarlo. La medida se enmarca en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, que prevé la extinción de la acción penal mediante conciliación o reparación integral, una herramienta promovida por el nuevo Código Procesal Penal Federal para resolver determinados conflictos penales por vías alternativas.
