La violencia digital también deja consecuencias legales: qué deben saber las víctimas
La abogada especialista en Derecho de Familia, Rocío Vargas, abordó la problemática de la violencia digital en la provincia, advirtiendo sobre las secuelas emocionales y el grave daño moral de difícil reparación que sufren las víctimas tras la difusión de imágenes o contenidos privados sin su consentimiento.
En diálogo con Provincia Multimedios, la letrada explicó que la violencia virtual se manifiesta con frecuencia mediante perfiles falsos, cuentas anónimas o mensajes en plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram. Precisó que estos ataques suelen estar vinculados a vínculos de expareja no concluidos en buenos términos, donde el agresor recurre al chantaje y a la amenaza de publicar material íntimo como método de extorsión y hostigamiento.
Vargas enfatizó que las víctimas no deben esperar a que el material sea efectivamente difundido en las redes para efectuar la denuncia correspondiente. Remarcó que la mera amenaza o sospecha es razón suficiente para solicitar la intervención inmediata de las fiscalías y la policía, lo que permite la aplicación de medidas de protección urgentes que obliguen al agresor a cesar en su conducta y eliminar cualquier publicación agraviante.
Asimismo, la especialista diferenció la violencia de género de situaciones de acoso escolar o bullying, señalando que en el ámbito educativo las instituciones están obligadas a activar protocolos de actuación inmediatos. Explicó que los padres deben informar la situación mediante presentaciones formales por escrito para resguardar la continuidad escolar de los niños y adolescentes afectados en un entorno seguro y contenido.
En relación con el régimen penal, la letrada recordó las implicancias del Régimen de Penalidad Juvenil y las consecuencias legales que pesan sobre los menores de edad a partir de los 14 años ante la comisión de delitos. Advirtió que acciones frecuentemente naturalizadas por adolescentes —como el acoso sistemático en redes o la falsificación de documentos de identidad— constituyen faltas graves con derivaciones judiciales concretas.
Finalmente, la profesional instó a la ciudadanía y a los miembros del entorno familiar a mantener canales abiertos de escucha con los jóvenes para detectar tempranamente las señales de alerta digital. Reafirmó que el asesoramiento jurídico oportuno y el acompañamiento profesional resultan herramientas fundamentales para frenar la impunidad en los entornos virtuales y resguardar la integridad de la comunidad jujeña.
