Nueva Ley Penal Juvenil: plantean fortalecer la escuela, el deporte y la asistencia social
En diálogo con Provincia Multimedios, la defensora de menores del Ministerio Público de la Defensa de Jujuy, Dra. María Julia Garay, analizó los desafíos institucionales, sociales y legales frente a la entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil en la provincia.
Garay inició su intervención detallando el procedimiento adecuado ante la aprehensión policial de un menor de edad, recomendando que los adolescentes mantengan la calma, brinden únicamente sus datos de identificación personal y aguarden la asistencia de la defensa pública o un abogado antes de prestar declaraciones. Señaló que Jujuy carece aún de una fuerza policial especializada en responsabilidad penal juvenil y recomendó que las familias acudan acompañadas a las seccionales, exigiendo conocer de inmediato el estado de salud, la revisión médica y las imputaciones formuladas contra los jóvenes.
Respecto al tratamiento judicial de la infancia, la defensora contrapuso los marcos normativos de la Convención sobre los Derechos del Niño con la evidencia científica de la neurología, la cual establece que la zona prefrontal del cerebro —encargada de discernir las consecuencias de las acciones— completa su desarrollo recién a los 25 años. Advirtió que tratar a los menores como adultos dentro del sistema penal ignora su nivel de desarrollo biológico y madurativo, imponiendo esquemas punitivos que desvirtúan la protección integral.
En ese sentido, la funcionaria criticó los cambios organizativos dentro del Poder Judicial jujeño, indicando que la creación del Consejo de Jueces diluyó la especialización del fuero al obligar a los magistrados juveniles a juzgar de forma simultánea causas de adultos. Asimismo, lamentó la desarticulación de los equipos interdisciplinarios propios —conformados por psicólogos y trabajadores sociales especializados—, cuya falta de permanencia en el seguimiento de los casos deja a los jueces sin las herramientas técnicas necesarias para evaluar el contexto de cada adolescente.
Al analizar las causas estructurales de la transgresión penal, la letrada remarcó que el abandono escolar constituye el primer síntoma de vulnerabilidad y falla estatal, presente en la totalidad de los casos que ingresan al sistema defensivo. Agregó que el consumo problemático de sustancias suele actuar como detonante de la conducta delictiva en jóvenes desprovistos de redes de contención familiar o comunitaria que guíen su proyecto de vida.
La defensora subrayó la urgencia de fortalecer la presencia territorial del Estado mediante la apertura de espacios deportivos, culturales y recreativos gratuitos en los barrios vulnerables. Sostuvo que el conflicto con la ley penal debe interpretarse como una oportunidad de intervención social preventiva, priorizando la revinculación educativa, el deporte y el arte por encima de la respuesta exclusivamente punitiva.
Finalmente, Garay advirtió sobre la naturaleza selectiva del derecho penal, el cual impacta de manera desproporcionada sobre las familias de menores recursos y las estructuras monoparentales sin contención. Concluyó con una llamada a la reflexión comunitaria para asumir a la niñez como una responsabilidad colectiva, instando a las instituciones públicas y a la sociedad en su conjunto a intervenir de forma temprana para evitar la consolidación de trayectorias delictivas.
